En San Isidro se vive un fin de año político agitado. Tras los resultados electorales de octubre, se abrieron brechas en el oficialismo. A pesar de que los comicios confirmaron el apoyo de los vecinos a la gestión de Gustavo Posse, empezaron a asomar variantes alineadas con la propuesta de Cambiemos que disienten con el Ejecutivo municipal. Y el costo lo pagaría Carlos Castellano, presidente hasta el 10 de diciembre del Concejo Deliberante.
El histórico armador de Posse es titular del Deliberante desde hace varios períodos pero sería reemplazado por Andrés Rolón, presidente del interbloque oficialista. El edil recientemente reelecto como cabeza de lista es una de las principales espadas de Posse en el recinto y hombre de su máxima confianza.
Las fuentes consultadas por Guía de Noticias sostienen que el desplazamiento de «Charly» Castellano se debe a su supuesta anuencia respecto de las figuras de Cambiemos que quieren competir por la Intendencia.
Por caso, el neurocientífico Facundo Manes fijó domicilio en el distrito y empezaría a mostrarse públicamente desde el año próximo.
LA GUERRA CON LANÚS
A este gesto desafiante al jefe comunal se suma que el director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, anotado también en la lista de sucesores, entregó certificados de vivienda en La Cava, provocando que el jefe comunal lo denuncie en un comunicado por «estafa moral». El funcionario nacional, además, se muestra cercano a ConVocación, el partido vecinal que obtuvo un amplio corte de boleta a su favor.
COMUNICADO: EL MUNICIPIO DENUNCIÓ POR ESTAFA MORAL EN LA CAVA
“Bajo la apariencia de una buena noticia, como es la entrega de certificados de vivienda en La Cava, el dirigente local de San Isidro Ramón Lanús, que ocupa la presidencia de una agencia descentralizada, pretende derribar en unas pocas horas el trabajo que lleva adelante el municipio de San Isidro, junto con asociaciones de la sociedad civil, religiosas y los gobiernos nacional y provincial.
La entrega de los certificados se hará sin la utilización de los pre censos y censos catastrales con verificación en el lugar se realizan en La Cava, a lo que se suma una declaración jurada de sus habitantes.
Esta tarea minuciosa que realiza el municipio tiene como fin determinar fehacientemente quiénes tienen el derecho a la vivienda en el proceso de urbanización del barrio.
Pero Lanús, sin contar con esas herramientas, prometió entregar certificados a personas cuya residencia no está debidamente acreditada.
Este dirigente jamás se puso en contacto con los responsables del municipio que realizan esta tarea, ni con los referentes del barrio, en una acción que parece más encaminada a mostrar réditos personales que a resolver de manera sustentable los desafíos de La Cava.
Lanús, en una movida irresponsable no sólo jugó con las esperanzas de las personas que recibirán el certificado, sino que fue en contra de la política de urbanización implementada hasta el momento.
En efecto, el municipio de San Isidro (todos los vecinos, con sus impuestos) compró los terrenos que conforman el barrio La Cava.
El objetivo fue controlar el desarrollo sustentable de esta villa mediante censos, para que no creciera de manera inorgánica y sus habitantes pudieran acceder legalmente a sus viviendas y a la infraestructura necesaria.
Por esa razón, además de los censos y de la construcción de viviendas, el municipio vela para impedir la entrada de materiales e impedir edificaciones irregulares.
El municipio de San Isidro considera una estafa moral, una irresponsabilidad y rechaza la acción de Ramón Lanús, que provocará que una villa en proceso de urbanización se vuelva un asentamiento descontrolado”.
